¿Deberían actuar los Colegios Oficiales como un lobby?

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Cualquiera que haya estudiado un poco de historia recordará aquellas lecciones que al explicar los aspectos económicos del Medievo dedicaban unas cuantas consideraciones a las asociaciones gremiales, principalmente de artesanos y constructores. Si bien por razones obvias relacionadas con la economía de mercado y con la evolución histórica de las profesiones los gremios ya no existen como tales, no pocos convienen en afirmar que los actuales colegios profesionales y sindicatos son en parte sus herederos.

Actualmente son muchas las voces que ponen en tela de juicio la conveniencia de la existencia de los Colegios Profesionales, criticando los costes que conllevan para los colegiados tanto en cuotas de colegiación como en las diversas tasas que gravan los visados y demás actos profesionales que son pasados por el respectivo colegio, frente a unas escasamente percibidas funciones de los Colegios Profesionales.

No queremos entrar ahora en ese debate  entre los que entendemos no andan faltos de razones reclamando más actividad a los Colegios Profesionales, y los que desde los cargos representativos de los mismos argumentan, también con su parte de razón, un listado de actividades y acciones de toda índole que justifica el trabajo realizado por estas entidades.

La reflexión que traemos a esta entrada del blog de ARQ Técnicos está relacionada con lo que por nuestra parte es una función más actual de los Colegios Profesionales dentro de la realidad socioeconómica del siglo XXI. Los grupos de defensa de intereses privados en el ámbito político, institucional y social.

Estos grupos comúnmente conocidos como Lobbies están tildados peyorativamente de grupos de presión que influencian en los grupos políticos y en las instituciones públicas, especialmente las que tienen capacidad legislativa, para conseguir amoldar la legislación a sus intereses empresariales en detrimento del bien común, pervirtiendo así uno de los objetivos más sagrados de cualquier legislación: la consecución de un bien de interés general.

Pero desde nuestra óptica creemos que no es justo encasillar la función de un Lobby en una visión tan negativa y contraria al interés general. Antes bien, creemos que los Colegios Profesionales tienen la obligación de representar los intereses de sus colectivos ante las instituciones públicas, los colectivos sociales, profesionales y empresariales.

Desde su amplio y profundo conocimiento de la profesión que representan están en una inmejorable posición para defender sus intereses, promoviendo legislaciones favorables al desarrollo de sus respectivas profesiones en beneficio también, obviamente, de la sociedad en la que van a prestar sus servicios. Asimismo constituyen un adecuado garante de que se cumplan las legislaciones que les son de aplicación, tanto a los profesionales como a aquellos que aprovechando la dejación de funciones de las distintas administraciones realizan un intrusismo dañino no sólo para los intereses de la profesión sino más aún para la sociedad. (Léase sin miedo: obras ilegales por toda la geografía, y en cada calle y rincón, sin control ni intervención de técnicos de la construcción ).

Así pues, creemos que los Colegios Profesionales y en concreto los que nos atañen a nosotros, los Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, deberían añadir a sus muchas reflexiones una más, la de desetiquetar la palabra Lobby, y plantearse ejercer como tal ante las instituciones y colectivos de sus respectivos ámbitos.

P.D. Sirva también como buen ejemplo de las aberraciones que evitaría una correcta función lobbista lo que nos hubiéramos ahorrado evitando la denominación de Ingenieros de la Edificación.

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